Gobierno y Comunidades Autónomas empiezan los trabajos para arrancar la “Tarjeta Popular” de posibilidades.
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¿Qué es la Tarjeta Popular?
La Tarjeta Popular es un emprendimiento estable en el que trabaja el Ministerio de Empleo y Seguridad Popular, adjuntado con las Comunidades Autónomas y la Federación De españa de Ayuntamientos y Provincias. En la Charla de Presidentes Autonómicos del mes de enero se acordó de manera unánime su creación y la ministra de Empleo lo definió como “entre los proyectos mucho más esenciales de la legislatura”. A lo largo de este mes de abril empezarán los trabajos para su puesta en marcha.
La Tarjeta Popular va a ser un archivo que contendrá la información de todas y cada una de las ayudas y posibilidades que recibe un ciudadano, sean ayudas del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Municipios o aun de ciertas organizaciones no gubernativos.
Según la información facilitada por el Ministerio de Empleo, la Tarjeta Popular tiene múltiples objetivos:
- Ofrecer una mayor transparencia a los planes sociales gestionados por las diferentes gestiones públicas.
- Progresar su eficacia y coordinación. La optimización en la coordinación de las diferentes Gestiones Públicas dejará advertir con toda precisión las ocasiones de mayor puerta de inseguridad eludiendo de este modo ocasiones de desprotección.
- El sistema dejará por su parte advertir duplicidades, garantizando la transparencia y la complementariedad de las posibilidades. La Tarjeta Popular se integrará con el ingreso electrónico al Registro de Posibilidades Sociales Públicas, desarrollado en 1996.
No obstante, sólo algunas de las críticas fueron convenientes después del aviso de la creación de esta tarjeta. La Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales se ha contrario a la creación de esta “Tarjeta Popular”, a la que considera gasto inútil que estigmatiza a la gente mucho más necesitadas con un “certificado de pobreza”. Vacilan de su herramienta y demandan, en un reciente informe, el objetivo de los recortes y garantías para el cuidado de los sistemas de protección popular.
La fragmentación de las políticas sociales
Ahora mismo, las políticas sociales para el acompañamiento a personas atacables están desperdigadas entre diferentes gestiones y su coordinación no semeja simple.
A nivel estatal, el Sistema Público de Empleo tiene subsidios de carácter asistencial, que solo tienen la posibilidad de recibir la gente que estén en situación de carencia de rentas. Además de esto, hay ayudas concretas, como la Renta Activa de Insercion (RAI) para colectivos con particulares adversidades, como desempleados de extendida duración mayores de 45 años, desempleados con discapacidad igual o superior al 33%, emigrantes retornados y personas víctimas de crueldad de género. Las otras 2 ayudas poco comúnes, como el Plan Prepara o el Programa de Activación para el Empleo (PAE), asimismo tienen su origen en la administración central.
Cada Red social Autónoma, por su lado, ha creado su sistema de protección. De esta forma, podemos encontrar hasta 19 Rentas de Inserción diferentes, cada una con su normativa, requisitos, y sistema propio de tramitación. Un estudio nuevo ponía de manifiesto, además de esto, la una gran diferencia entre las ayudas económicas que para una misma situación de necesidad se dan en unas y otras Comunidades.
Ciertos Municipios asimismo tienen rentas de inserción y sueldos sociales básicos, que actúan de manera complementaria a las ayudas estatal y autonómicas.
Dada esta situación de dispersión, poca efectividad y falta de elementos de los sistemas de protección popular, ciertos partidos, sindicatos y organizaciones no gubernativos están proponiendo diferentes opciones para su reforma.
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